Mire, no más: ni siquiera hay personal suficiente para atender a los usuarios de prestadores de servicios financieros. El distinguido señor que me atendió, merece todos mis respetos porque se desmayaba de la fuerte gripe. Cualquier simple ciudadano se quedaría en casa, descansando, y arropado, tomando tecitos. Se declararía incapacitado para asistir a su centro de trabajo, hasta por razones de salud pública y de ecología.
Este amable señor, en cambio, tenía que estar al pie del cañón, atendiendo a los usuarios porque no hay quien lo sustituya. Tampoco hay abogados que defiendan de oficio--como lo marca su propia ley-- a usuarios con condiciones económicas lamentables, como son la mayoría de quienes usamos el crédito.
Quien me "conminó" para estar allí para ver si se aceptaba o desechaba mi queja, estaba muy cómodamente arrellanado en su sillón gestatorio pero ni siquiera se asomó para atender a ninguno de quienes esperábamos. Su actitud virreinal presagia pocas oportunidades para que el ciudadano combata la impunidad y la corruptela de servicios financieros como el de CREDINISSAN, cuyo nombre ampara otra empresa de factoraje del tipo de la GMAC, de Monterrey, que acabo de combatir con éxito en PROFECO.
Yo diría: menos lujo y más servidores públcios, más abogados de oficio y más atención a los usuarios para que esta institución se transforme en protectora, garante y procuradora de oficio de los mexicanos. Que la ley, la junta de gobierno y los directivos deseen paliar los abusos de los banqueros y no que sean sus guardaespaldas y cuates.
Por último, ¿cómo andarán las cosas, que hasta ignoran las normas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, las NOMS y en particular la 160 que se refiere a la comercialización de autos nuevos. NADA DECIR DE TODA UNA SECCIÓN Y TRES CAPÍTULOS SOBRE CRÉDITO, GARANTÍAS Y CONTRATOS DE ADHESIÓN DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, que, de plano, desconocen y consideran que no es aplicativa, cuando se trata de una ley de orden público que deben tomar en consideración juzgados civiles, penales y JUZGADOS DE RANGO SUPERIOR CULMINANDO CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
Esto es muy preocupante. La SECRETARÍA DE COMERCIO se vale de la PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR para hacer valer los derechos de los consumidores, en particular de aquellos que compran a plazos. Esta norma ha sido combatida por los reyezuelos del hampa bancaria. pero la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ya estableció jurisprudencia plena sobre esta NORMA 160 que menciono en el sentido de que los contratos de adhesión para ser válidos deben ser autorizados por PROFECO. Naturalmente, no es el caso de los contratos de CREDINISSAN que sí están registrados en la CONDUSEF, pero no en la PROFECO.
Esto que expongo en el párrafo precedente es MUY SUFICIENTE para determinar la inclinación de la CONDUSEF en favor incuestionable de los seguros y financieras chafa que hacen de un contrato una herramienta que exprime al consumidor, pues todos sus clausulados unilaterales, arbitrarios e ilegales explotan la ignorancia del usuario y permite a estos mecanismos institucionales reírse a carcajadas de la ingenuidad de quienes acuden allí para ser "orientados" y hasta "apoyados". Todo deviene una farsa pues sí ya se determinó por el órgano supremo de impartición de justicia-- a nivel AMPARO-- que dichos contratos CARECEN DE VALIDEZ, atenerse a lo que está en Letra minúscula, ilegible (¡y!. ¿para qué.., si estuviera en LETROTAS??, si lo que allí ponen sirve solamente a la parte avorazada, ACORAZADA, que dizque "da la lana", pero luego se la arrebata al cliente como un sanguinario tigre), pues resulta una burla para el consumidor que le digan que cuando firmó la carátula estaba aceptando todos esos términos de extorsión.
Así, muy distinguido Sr. Pazos, Voy. doy los primeros pasos hoy, vengo sólo a presentar otra copia---ya dejé hace un par de días, la copia de una tesis jurisprudencial sobre el asunto aquí trato: de la importante NOM 160-- de la propia NORMA del gobierno federal-- NOM que no debe quedar MOMificada-- para que normen su criterio y realmente se apresten a servir al usuario de los dizque "servicios financieros". los servidores públicos que reciben su sueldo del dinero de los mexicanos, no de los banqueros apátridas.
TAMBIÉN, por este medio estoy solicitando que se investigue mi estado económico---soy investigador y académico tiempo completo de la UAM, XOCHIMILCO,-- y para ello, anexo a este escrito mi último talón de pago y solicito se hagan los estudios socioecónomicos necesarios para que se cumpla con su propia ley y se me designe un abogado defensor de oficio, pues los administrativos no son suficientes, ni tienen tiempo ni ganas para apoyar a los quejosos de los actos de rapiña de la supuestas financieras que deberán ser sancionadas únicamente porque no han cumplido con el requisito vital para los usadores del crédito de que presenten sus proyectos de contratos de adhesión para que la PROFECO evite abusos como los que expongo en los escritos que, asimismo, aquí inserto como si a la letra fuere y acompaño en copias de los reclamos originales que he hecho a las siguientes empresas: NISSAN AGRÍCOLA--quien me proporcionó el servicio financiero en sus propias oficinas--, CREDINISSAN, NRF, QUALITAS, WILLYIS y todas las responsables que están involucradas en este caso típico de explotación inmisericorde a un ciudadano de la tercera edad.
Con respecto al último punto, que asimismo se aplique la LEY FEDERAL DE ADULTOS MAYORES, pues no es justo que vaya en camión, a pie, alquile taxis y pierda mi valioso tiempo en gestiones que muchos consideran inútiles, desgastantes y riesgosas para mi salud y subsistencia, mientras los lacayos de los banqueros se retuercen a risotadas de mi ingenuidad... Señor Pazos: que haya un poco de consideración al ciudadano de quinta categoría y de tercera!!!
ATENTAMENTE,
LÍVINGSTON DENEGRE VAUGHT Y ALCOCER.
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